CON PLATA AJENA TODOS SOMOS SOLIDARIOS.

Hace pocas horas, el senado aprobó un proyecto que permite a los padres faltar al trabajo para asistir a actividades educativas de sus hijos. Una vez más la demagogia de la política dice presente. Y como es sabido y por tanto no debe sorprender, a la hora del discurso fácil, simplista, amigable con la captación de votos, todos los políticos están de acuerdo en la levantar la mano, sobre todo, si ese nuevo gesto, lo paga otro. ¿Qué prevé la norma que ya tuvo la aprobación unánime del senado? Habilita a padres y responsables de niños y adolescentes a ausentarse de sus trabajos para participar en actividades de los centros educativos a los que asisten sus hijos, con un máximo de ocho horas al año, pagas.

Esto que en principio se ve como una conquista, tiene su contracara, que terminará perjudicando (como siempre sucede) a quien se intenta beneficiar. En primer lugar, la ley proyectada, implica un aumento implícito del costo laboral. Por más que no se pague una suma extra directa, conceder licencias con goce de sueldo por motivos familiares amplía las horas no trabajadas pero remuneradas. Esto incrementa el costo marginal por empleado para las empresas. La ley proyectada implica un aumento directo en el costo laboral. La productividad no se crea por decreto. Regalar horas no trabajadas no reduce el costo de producción, sino que redistribuye su carga. Se genera, por tanto, un desincentivo no deseado para la contratación de trabajadores con hijos en edad escolar, perjudicando justamente a quienes se busca beneficiar. Lo mismo sucede cada vez que se consagran “derechos” a favor de un determinado sector de la población. A modo de ejemplo, la ley de violencia de género en su artículo 40 con la finalidad de proteger en el trabajo a las mujeres víctimas de violencia de género, establece el derecho a recibir el pago íntegro de su salario o jornal el tiempo que conlleve la asistencia a audiencias, pericias u otras diligencias, a licencia extraordinaria con goce de sueldo por el lapso de veinticuatro horas a partir de la presentación de la denuncia en  sede policial o judicial; a la estabilidad en su puesto de trabajo, por un plazo de seis meses a partir de la imposición de medidas cautelares por hechos  de violencia basada en género. Si fueran despedidas en dicho lapso el empleador (que no tiene nada que ver con el problema personal) deberá abonarles un importe equivalente a seis meses de sueldo, más la indemnización legal que corresponda.

Entonces, cada protección, cada regulación, cada mal llamada “conquista”, termina configurando un desestimulo para la contratación de la población objetivo. A igualdad de circunstancias, a la hora de la contratación, se optará por aquella persona que no califique en algunas de las situaciones privilegiadas por ley. Cada vez que se crea un derecho alguien lo tiene que pagar. No hay almuerzo gratis, alguien siempre paga la cuenta. Si un supuesto derecho, para ser efectivizado y poder gozar de él, requiere lesionar el derecho de un tercero, entonces no estamos frente a un derecho, sino frente a un pseudo derecho, frente a un privilegio. Las cosas como son.

Este tipo de demagógicas propuestas, incorporan una perla más en el extenso collar de la rigidez del sistema laboral. Las empresas y los trabajadores no pueden establecer acuerdos de compensación horaria o flexibilidad de forma directa según la naturaleza de la tarea, dado que, al existir una norma rígida e idéntica para todo el mercado laboral, se obstaculizan los arreglos dinámicos adaptados a cada sector.

El proyecto recibió el apoyo de todos los partidos representados en el Senado. Por ejemplo el senador nacionalista Rodrigo Blás reconoció que la iniciativa supone “una imposición para la empresa”, debido a que los empleadores deberán asumir el costo de esas ausencias, pero consideró que en este caso “sí vale la imposición”. Claro, es muy fácil desde el sillón parlamentario, hacer esa afirmación, es decir que el “derecho” lo pague otra persona. Con plata ajena todos somos solidarios.

Esta propuesta que será ley en breve, genera además otras distorsiones. Lo que se ve, es el pseudo derecho consagrado, pero lo que no se ve, es el costo de oportunidad que esto va a implicar en la generación de empleo para las personas objetivo de la norma. En los casos del trabajador dependiente que se enferma, dentro de los primeros tres días, pierde salario (así lo establece la ley 14407), es recién a partir del cuarto día que ingresa a la cobertura legal, pero en este caso, por obra y gracia de estos megalómanos que dicen representar al pueblo y viven como reyes, la ausencia del trabajo debe ser paga. El contraste es brutal y conceptualmente perverso. Para el legislador uruguayo, enfermarse es un riesgo que debe absorber el trabajador con su propio bolsillo durante los primeros tres días, sin cobertura. Sin embargo, ausentarse para asistir a una reunión escolar se convierte, por arte de magia legislativa, en una contingencia de cobertura obligatoria a cargo del sector privado. Se penaliza la contingencia involuntaria y se premia la ausencia programada. Por más noble que sea la causa, la solución legislativa solo agrega coacción, discriminando entre ciudadanos clase A y clase B. Los clase B, son los nabos de siempre, los que pagan la fiesta otros.

Pero hay más distorsiones. El problema de que se ausente por algunas horas un trabajador, implica sacar a un engranaje del proceso productivo, paralizando la función y atentando contra la producción. La economía siempre paga la fiesta de estas cosas. Todo lo que se pueda edificar, depende primero del nivel de riqueza creada. El impacto de esta rigidez es profundamente asimétrico. Para una gran corporación o el propio sector público, absorber ocho horas de ausencia es un mero trámite burocrático, pero, para un pequeño comercio de barrio con dos empleados, la ausencia de una persona paraliza la atención o la producción, obligando al dueño a pagar horas extras a un reemplazo o a asumir la pérdida directa de ventas.

Debemos entender que, aunque no nos guste, somos un país pobre, que vive por encima de sus posibilidades y que este año necesitará endeudarse por seis mil millones de dólares para pagar el déficit fiscal. En buen romance, nos gusta tomar whisky caro, etiqueta azul cuando apenas podemos comprar uno nacional.

No se trata del impacto puntual que genere la norma, que me atrevo a decir que es insignificante. Claramente trasciende las ocho horas libres y pagas al año. Es todo lo que significa. Es seguir alimentando una sociedad de saqueadores, donde unos viven a expensas del esfuerzo de otros. El ser humano es un fin en sí mismo, no un medio sacrificable para servir a los fines de otros.